Semanario FIDES

EL DECANO DE LA PRENSA NACIONAL

Iglesia analiza impactos de la minería en Colón

Parte de los asistentes al conversatorio sobre los impactos de la Minería.

Parte de los asistentes al conversatorio sobre los impactos de la Minería.

En cada una de las exposiciones se presentaron elementos que van desde las razones pastorales del porque debemos defender la naturaleza como bien de todos.
Tocoa, Colón. Ante la preocupación y la decisión de la Diócesis de Trujillo  en acompañar a las comunidades en sus luchas de defensa de la vida y el derecho al agua y a un ambiente sano, se desarrolló un conversatorio con el  propósito de informar y generar un espacio de diálogo sobre la actividad de la minería en nuestra región. De igual se busca generar acercamiento con instancias de gobierno local.
Unas 130 personas asistieron al evento representando a municipalidades:  (Bonito Oriental, Limón, Tocoa y Santa Rosa de Aguán), también a Unidades Municipales del Ambiente (UMA), oficinas municipales de la mujer. (OMM), Departamento de Desarrollo Comunitario y de juntas de agua de diferentes comunidades de los municipios del departamento.
Asimismo, organizaciones de campesinos y defensoras de Derechos Humanos, de ONG`s, funcionarios de instancias públicas como la representante de Instituto de Conservación Forestal (ICF), Salud pública, Educación y un   Diputado del Congreso Nacional por el departamento de Colón. Medios de comunicación (radio y televisión) y agentes de pastoral de las diferentes parroquias de la diócesis.
La jornada inició con una reflexión y oración, donde se explicó la importancia de proteger, cuidar y defender los recursos naturales como un bien de todos y para todos y que se sustenta en la Palabra de Dios (Génesis 2,15). Luego se expuso sobre los impactos de la actividad minera en el país y el riesgo de defender la vida y la naturaleza como casa nuestra.
Para informar y reflexionar sobre los temas de minería se contó con los sacerdotes Hermenegildo Ramírez (Coordinador Diocesano de Pastoral Social y Párroco de Trujillo) y Juan Jose Colato  (Sub Coordinador Diocesano de la Comisión de Pastoral Social y Párroco de Tocoa).
Pedro Landa por el Equipo de Reflexión y Investigación y Comunicación (ERIC), Juan Mejía por el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y Hernán Asencio de Cáritas Trujillo.
Las exposiciones ayudaron a contextuar la situación que actualmente vive el país y que de manera directa estamos siendo asediados por innumerables problemas de contaminación y destrucción de la naturaleza.
En cada una de las exposiciones, se presentaron elementos que van desde las razones pastorales del porqué debemos defender la naturaleza como bien de todos y no de unos pocos que históricamente se han aprovechado de los recursos (bienes) públicos para un enriquecimiento personal,  justificado como crecimiento económico y peor aun cuando las autoridades aprueban permisos justificando “el desarrollo”.
Se realizaron algunas apreciaciones o interpretaciones de la Ley de Minería, en la cual se ven grandes vacios que no garantizan el derecho a las comunidades y pueblos indígenas que históricamente han cuidado y protegido estas áreas. También deja en clara evidencia la pérdida de autonomía de los gobiernos locales poniendo en mayor precariedad la gobernabilidad democrática. Donde hoy parece que todo está al servicio de las grandes industrias extractivas.

En la plenaria se logró que los asistentes expusieran sus inquietudes y para ello se les pregunto qué situaciones de conflicto ambiental tenemos.
1. Con el crecimiento del monocultivo de la palma muchas comunidades están sufriendo la escasez de agua y alimentos, poniendo en precario la seguridad alimentaria, causada por la falta de sitios para producir.
2. La actividad artesal de extracción de oro en algunas zonas, sobre todo en los  municipios de  Limón e Iriona (Sico), se están volviendo un gran problema, pues  nadie tiene control de esta actividad y está causando daños.
3. Existen problemas de legalización de tierras en zonas productoras de agua, donde no se  respeta el derecho al agua y a la vida de la población.
4. Las comunidades costeras (garífunas) están preocupadas por la amenazas de ser desplazados de sus tierras por proyectos mineros, hidroeléctricos y zonas de desarrollo turístico.

Otras consideraciones que se expresaron como  preocupaciones  de los asistentes:
1. Bajo nivel organizativo en las comunidades y en los municipios.
2. No hay un nivel de información óptimo sobre el tema de minería.
3. Hay dispersión de actividades.
4. Hay miembros de organizaciones comunitarias colaborando con las empresas mineras.
5. Los alcaldes en su mayoría están comprometidos con las empresas.
6. Las decisiones sobre explotación las toma INHGEOMIN y las UMA municipal sólo cumplen órdenes.

Los retos de cada comunidad, organización y movimiento social son:
• Informarse  sobre la extracción de minerales y otros proyectos de aprovechamiento de los bienes públicos.
• Desarrollar acciones de educación ambiental desde las comunidades.
• Establecer alianzas con organizaciones afines que favorezcan la articulación para la lucha en protección y defensa de los recursos naturales.
• Realizar  acciones como pueblo exigiendo el derecho ciudadano a ser consultado y que las autoridades tomen esta consideración, incluyendo la reforma  a la actual Ley de Minería. • Tener elementos científicos para demostrar lo inviable del extractivismo en la región.

Conclusiones:
1. Fue un espacio informativo, que permitió orientar a los asistentes sobre los grandes retos que tenemos para defender la vida y los bienes públicos. Y que es urgente mejorar las relaciones entre las organizaciones locales y los gobiernos municipales para asegurar a la ciudadanía su derecho de ser consultado sobre la forma en que sus recursos deben de ser manejados. Derecho ciudadano y transparencia.

2. Hablar de conflicto ambiental no es solamente la actividad minera, estamos en uno de los sitios de mayor producción de agua del país (Valle del Aguán), donde se ubica la Montaña de Botaderos,  pulmón de esta zona donde se abastecen cientos de comunidades del vital líquido para consumo humano.
También se utiliza en la irrigación de cultivos (las bananeras y plantaciones de palma en mayor escala y con muy poco aprovechamiento para algunos productores. tenemos conflictos en tenencia detierra de micro cuencas. Hidroeléctricas que no se están responsabilizando por daños a futuro por sus operaciones mecánicas en las cuencas y beneficios de las utilidades por un bien que las comunidades han cuidado históricamente y que de un día para otro lo han perdido.

3. Hace falta mayor compromiso de los gobiernos municipales, pues no hay políticas publicas claras que garanticen la educación de la población en el manejo de los desechos sólidos, asimismo no se cuenta con un tratamiento efectivo de la basura y los controles y sanciones a infractores no funcionan. Políticas públicas que favorezcan la armonía con el ambiente y no seguir haciendo de nuestro hermoso país un basurero.

4. Según las experiencias en el país y en  la zona tenemos el caso del Venado en el departamento de Olancho y que afectó a vecinos del municipio de Bonito Oriental, la actividad minera no soluciona la pobreza. Todo lo contrariorecrudece la pobreza más aun cuando estas empresas no cumplen con sus obligaciones de pago de impuestos justo, pago de salarios a empleados, promesas incumplidas a comunidades vecinas sobre proyectos locales. Las empresas solamente se aprovechan de la explotación del recurso y fuerza laboral de los trabajadores y no les garantizan sus derechos. Frente a esto hay una gran indiferencia del Estado, primer responsable de cuidar por el bienestar del pueblo y el respeto a los derechos humanos.

5. Que ante el interés del Gobierno Central de vender o permitir la explotación de los bienes naturales, se esta poniendo en riesgo el Estado de derecho cuando los gobiernos locales se ven limitados en sus acciones de oposición y/o consulta del otorgamiento de permisos en  la operación de estos proyectos. La pérdida  de gobernabilidad municipal, es frágil y genera conflictos que ponen en riesgo la democracia participativa e  incluyente de los municipios.
6. Finalmente exaltar el comportamiento de los asistentes, donde se mostró un alto grado de madurez, prudencia, respeto y valor al expresar las debilidades y situaciones de conflictividad que tenemos y,  sobre todo,  el deseo de trabajar desde la organización y la unidad del pueblo con el amor, la justicia y la verdad como principios que la Iglesia esta promoviendo en estos espacios.  Consideramos que la postura de la Iglesia está permitiendo la generación de espacios de diálogo y confianza para encontrarnos entre hermanos de diferentes pensamientos y preferencias, entendiendo que está en peligro nuestra casa común.

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Esta entrada fue publicada el 23 junio 2015 por en Diócesis, Trujillo.
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