La protección de la salud en Honduras y la propuesta de la Ley marco de Protección a la Salud
“La ciudadanía tiene mucha desconfianza en que si este modelo no será continuidad de una nueva caja chica para los funcionarios que quieran usar los fondos”, Carlos Patiño, Cáritas de Honduras.
Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula se pronunció luego de realizar el foro social: El derecho a la Salud en Honduras, Nuevo Modelo de salud. Alcances, Limitaciones e Impactos. He aquí el pronunciamiento:
La protección de la salud en Honduras y la propuesta de la Ley marco de Protección a la Salud
Honduras reconoce en su ordenamiento jurídico el Derecho a la Salud. Para ello el Sistema Nacional de Salud (SNS) se estructura en un modelo mixto, constituido por un sector público representado por la Secretaría de Salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y por el sector privado con y sin fines de lucro. En términos de cobertura esta Secretaría cubre el 72% de la población, a través de los 28 hospitales y centros de salud de todo el país. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) atiende cerca del 14%, mientras que el servicio privado, el 6%. Es de remarcar que el “Seguro Social” cubre a la población trabajadora, mientras que la Secretaría de Salud lo hace a la población no afilada que es la de menores ingresos económicos. En suma, cerca del 95% de la población en Honduras depende del servicio público de salud.
Respecto al enfoque del modelo hay que advertir que está sustentado en lo curativo mientras que lo integral, lo preventivo y lo participativo de la comunidad está completamente ausente.
Entrar en el análisis del sistema, como en las características de la salud en la población hondureña supera en extensión este artículo. Baste recordar que las condiciones excluyentes e injustas del sistema se expresan en ineficacia, dolor y muerte de la población más vulnerable. Condiciones estas que se traducen en una sistemática y fragrante violación de Derechos Humanos.
La crisis del sistema de salud tuvo su máxima expresión en “uno de los desfalcos más grandes de la historia de Honduras”, hecho que supera cuanto menos los 5 mil millones de lempiras y mantiene abierta 30 líneas de investigación. Como resultado de esta crisis, sólo el Seguro Social produce un déficit mensual de 154 millones de lempiras, deuda que al año asciende a 1 mil 848 millones de lempiras.
Frente a esta aguda crisis, el gobierno central ha acelerado el proceso de “reforma a la salud” que desde mediados del decenio pasado se venía fraguando y se materializa con la propuesta del Ejecutivo conocida como “Ley Marco del Sistema de Protección Social” (prescindimos del sesgo político del título de la ley por razones éticas)
El proceso de aprobación de “la Ley” ha provocado serios cuestionamiento por parte del sector empresarial, de las centrales obreras, los partidos de oposición, el Colegio Médico e Institutos de Previsión Social. Estos cuestionamiento tienen el fundado temor de la impunidad del desfalco del Seguro Social y que por vía de esta Ley se espera “capitalizar” el estado agónico de esta institución; Todos coinciden en la necesidad de la reforma general del sistema de salud pero en condiciones de viabilidad, sostenibilidad y objetividad, en el marco de un diálogo amplio y realista.
En lo particular, el sector empresarial dio a conocer su oposición mediante comunicado de prensa emitido el 01 de febrero del presente año; entre tanto las centrales obreras, partidos de oposición y colegio médico denuncian este proceso como la ruta a la privatización de la salud en el marco de la libre competencia. por ello, los cuatro partidos de oposición (PL, LIBRE, PAC, PINU) y el Colegio Médico firmaron un acuerdo en contra a la aprobación de la ley mientras no se dé un diálogo amplio con todos los sectores de la sociedad hondureña.
¿Por qué no funcionó el actual sistema de Salud? ¿Es el sistema mismo el problema o lo son las personas con sus actitudes las que provocaron la crisis? ¿Qué garantía tenemos los hondureños y hondureñas que el nuevo modelo no sea más de lo mismo? ¿De qué “universalización” de la salud estamos hablando? Los sociólogos hoy hablan de la sociedad de consumo segmentado para referirse que hay acceso al consumo universal deacuerdo a la capacidad y las posibilidades. Es decir, hay por ejemplo teléfonos celulares disponibles para toda la población que lo pueda comprar y hay teléfono de acuerdo a lo que usted pueda pagar por él. Estamos pues, -a tono con esta teoría- a las puertas de la segmentación del derecho a la salud.
Respecto a los principios que rigen la ley, llama la atención el principio de solidaridad, aplicado en ella (7 veces) al piso de protección social que son las personas no contributivas pobres y vulnerables cuya cobertura sanitaria será subsidiada solidariamente por los aportantes del sector contributivo.
Para la Doctrina Social de la Iglesia la solidaridad es un principio social y una virtud moral. Bajo la solidaridad como principio las estructuras de pecado deben ser transformadas en estructuras de solidaridad mediante la práctica de la virtud moral. Entendida esta no como un sentimiento superficial, sino como compromiso firme y perseverante de empeñarse por el bien común para que todos seamos responsables de todos. La solidaridad se coloca en línea de la justicia y del bien del prójimo con disposición al servicio, en lugar de explotarlo y oprimirlo. (C. fr. CDSI 193) Es decir, en este caso no estamos hablando de una solidaridad como principio y como virtud moral, sino “la solidaridad” propuesta en el marco de la ley es una solidaridad en el sentido jurídico: el sector contributivo -sobre todo empleados- se constituye “en deudor” solidario para la subvención de los no contributivos. Eso explica por otra parte, la función “rectora” del Ministerio de Salud que transforma su función, según la nueva ley, de proveedora de servicios a una función de mando y de gobierno. En otras palabras, la institución estatal traslada esa responsabilidad a entes proveedores del servicio sean estos, mixtos o privados.
Por lo anterior podemos concluir:
El modelo anterior de salud que data de hace 50 años presenta serias deficiencias en términos de cobertura, mala calidad del servicio, por el enfoque curativo y la falta de transparencia en la gestión. La crisis del sistema refleja muy poco impacto en las condiciones de bienestar de la población hondureña expresado en salud integral.
La crisis del sistema de salud tocó fondo en uno de los escándalos de corrupción más grande de la historia de Honduras. Pero esto no es lo más grave, sino la impunidad que pesa sobre el caso, en cuanto que aún no se informa al pueblo hondureño todos los implicados en el desfalco. Tampoco nada se ha dicho del destino de los bienes incautados del caso. La crisis del sistema sanitario y sobre todo del Seguro Social se vuelve insostenible por lo que se acelera el proceso de reforma de la salud, disfrazado de agotamiento del modelo y con claras tendencias privatizadoras.
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